Diputado blanco propone despenalizar el contrabando

El representante nacional por Rivera Gerardo Amarilla dijo a El País que Uruguay debe debatir el hecho de que “el contrabando es una infracción aduanera económica que tiene sanción, pero que no debe tener una connotación delictiva”. El diputado nacionalista dijo estar convencido que el tema del contrabando afecta a la economía del país, pero entiende que hay que “repensar para sacarlo del Código Penal”.

imagen ilustrativa

Indicó que hay gente que pide “coimas” para dejar pasar mercaderías “asustando” con el delito y con la cárcel, además de sostener que “no puede haber dos sanciones por la misma conducta: le sacamos el auto, la mercadería y le cobramos la multa, y encima lo metemos preso. Entonces, hay que despenalizar el contrabando y dejarlo solo como una sanción económica, una multa con embargos y decomisos, pero no con sanción penal”, subrayó.

Amarilla dijo que para sacarlo del Código Penal hay que tener “voluntad política y parlamentaria”. Indicó además que “es una versión comercial del imperio español, donde comercializar fuera del imperio era delito como robar o matar, pero que no es aplicable en un mundo actual donde la relación comercial va hacia un libre mercado mundial, y el Mercosur mismo establece la libertad de bienes y servicios. Entonces, aplicar como figura delictiva el contrabando es una contradicción”.

El menudeo

El diputado manifestó además que a los contrabandistas no se los ve como delincuentes, “mucho menos a aquél que compra cosas para consumo personal. Es insólito que se pueda traer hasta US$ 500 de mercaderías de Europa y que no puedas traer ni siquiera $ 150 de la frontera con nuestros vecinos Brasil Argentina: hay que replantear la política de frontera”, destacó.

El diputado Amarilla asegura que “esta medida de la despenalización no va a aumentar el contrabando”, aunque pidió ser muy rígidos con las sanciones económicas. Según establece el Código Penal, quien comete el delito de contrabando está sujeto a una pena que puede ser la de cárcel, al considerar que lesiona el interés económico del país.

Fuente El País

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