Venezuela se convierte en nuevo terreno de fricciones entre la UE y Estados Unidos. El duro golpe propinado por la Administración Trump al gobierno de Nicolás Maduro en la noche del lunes, cuando anunció el robo de todos lo activos venezolanos en EEUU, puede tener efectos colaterales para las compañías europeas que operan en el país, lo que ha provocado la reacción inmediata de Bruselas. “Nuestra posición es conocida, nos oponemos a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales”, ha señalado este miércoles un portavoz comunitario.
El ataque norteamericano, que extendió al completo las sanciones al Ejecutivo chavista, ha convertido hacer negocios con Venezuela en una actividad todavía más arriesgada en un entorno ya de por sí crítico, con una economía altamente endeudada, lastrada por la hiperinflación y con problemas en el suministro de productos básicos como alimentos o medicinas. Pese a esa atmósfera prácticamente posbélica, en el país siguen aún presentes centenares de empresas europeas, entre ellas multinacionales como Air France, Unilever, Total o Repsol, con una inversión total aproximada de 14.000 millones de euros.
Todas ellas pasan a estar desde ahora en la diana de Trump y en el peor de los casos podrían ver incautados sus activos en EE UU. “Estamos analizando en detalle su alcance e implicaciones”, añadió otra portavoz europea sobre el impacto de la última arremetida estadounidense. Mientras la UE busca fórmulas para minimizar los daños, las compañías europeas afrontan en Venezuela un escenario similar al que se exponen en Cuba tras la activación de la ley Helms-Burton, que permite demandar a los actuales propietarios de bienes expropiados tras la revolución, y en Irán, donde Washington amenaza con represalias a las firmas que no cesen su actividad tras el abandono de EE UU del tratado nuclear con Teherán.
Tanto Washington como las principales potencias europeas reconocen al golpista Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero sus coincidencias prácticamente terminan ahí. EE UU da por agotada la vía del diálogo y apuesta por llevar las sanciones a un nuevo nivel mientras coquetea con el uso de la fuerza. Mientras, la UE da una oportunidad a la diplomacia ejerciendo una calculada presión de mediana intensidad. Descarta la invasión militar y pugna por que un marco democrático se abra paso ofreciendo incentivos a Maduro si da pasos en esa dirección y sanciones a personalidades del régimen —que no perjudiquen al ciudadano de a pie— si el dirigente bolivariano se aferra al statu quo o camina hacia el lado opuesto. Así lo manifestó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en un reciente discurso en Estrasburgo. “En caso de que no haya resultados concretos de las negociaciones en marcha, la UE extenderá sus medidas selectivas”, afirmó. “Esas medidas pueden ser revertidas si hay progresos sustanciales en la restauración de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela”, añadió en una nueva muestra de la política de mano tendida.