En las últimas horas se conoció que el futuro ministro de salud pública de la coalición de ultraderecha liderada por Lacalle Pou preside una empresa sancionada y es socio de torturadores.

En mayo de 2017 la empresa EEG fue sancionada por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) debido a “graves irregularidades formales y además a una incompatibilidad de funciones, ya que mientras su empresa le prestaba servicios a ASSE, Salinas era electroencefalografista en el hospital Vilardebó”, escribió en Twitter el periodista Gabriel Pereyra, quien recordó que Salinas era propietario de EEG.

A su vez, en el sitio web Compras Estatales figura que el Hospital de Young rechazó en julio de 2017 adjudicar una licitación a EEG Electrodiagnóstico Médico SRL por tener “socios que presentan vínculo funcional con ASSE”.

Pero además VTV informó que Salinas era socio en EEG de Martín Gutiérrez, “psiquiatra denunciado por su participación en torturas durante la dictadura militar”, que en su perfil de Linkedin figura como “director técnico de EEG”. Gutiérrez es acusado por ex presos políticos de haber creado un plan de aplicación de tortura psicológica y de haber trabajado como adjunto del psicólogo Marcelino Dolcey Brito, acusado “de los desastres más grandes en el Penal de Libertad”, según informa la diaria.

En enero de 2011, movimientos sociales le hicieron un escrache a Gutiérrez, frente a la clínica EEG, para denunciarlo públicamente. En agosto de 2014 la Justicia citó a declarar a Gutiérrez por la causa relacionada con el centro clandestino de detención 300 Carlos, pero no se presentó. Luego su abogado interpuso un recurso de amparo alegando la prescripción del delito.

Dos años antes, la clínica había sido denunciada por irregularidades en una licitación pública adjudicada a EEG, dado que no había presentado la constancia de habilitación del MSP requerida, según sostuvieron otras empresas que participaron en ese proceso.