Trabajadores denuncian “operación política” en revocación de partidas salariales

Según informó ayer el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Armando Castaingdebat, el gobierno decidió revocar las partidas salariales extra para los trabajadores del Instituto de Inserción Social Adolescente, que estaba previsto que recibirían por un lapso de tres meses.

Según el sindicato (Suinau), la partida se pidió debido a que hay una sobrecarga de trabajo para los funcionarios, debido a que muchos en edad de riesgo no concurren a trabajar por las disposiciones por el coronavirus. Gabriela Fulco, sin embargo, dijo al diario El País (medio que divulgó la información el fin de semana) que el motivo era la cantidad de trabajadores certificados por enfermedad, y que la partida tenía como objetivo incentivar a los funcionarios para que no faltaran a trabajar.

“Entendíamos que teníamos que actuar rápidamente porque estaba ocurriendo una injusticia. Se estaba siendo injusto con muchos funcionarios que están yendo a trabajar diariamente”, dijo el subsecretario del Mides ayer.

Esta mañana, Informativo Sarandí consultó a Joselo López, presidente del sindicato del INAU, López dijo que “evidentemente todo indicaba que fue una operación para que terminara con una consecuencia como la de ayer”, en relación a la divulgación de la información. Según López, se trató de una operación política del Poder Ejecutivo, que filtró la información al diario para generar malestar en la opinión pública.

“Si bien no compartimos esa decisión, aunque no concordábamos cómo estaba redactada la resolución, hay una decisión ajustada a derecho”, opinó.

López dijo que el malestar público se dio por la forma en que Fulco planteó la situación, “que no tiene que ver con la realidad”. “El pedido fue que en función de una situación en la que por la decisión del Poder Ejecutivo de que trabajadores mayores de 65 años y aquellos con enfermedades prevalentes no tengan trabajo presencial, se resintió la cantidad de personal y se generó un desdoble, una sobrecarga de los trabajadores que quedan en la institución. Ella (lo de las certificaciones) lo ha planteado pero no lo ha podido comprobar nunca. Da a entender que el trabajador hace uso de su licencia médica en forma trucha, pero la certificación es de un médico”, opinó.

Afirmó que el subsecretario les transmitió que entendía que esto “generaba un inconveniente al Poder Ejecutivo sobre todo por el efecto cascada, que otros organismos en situaciones similares reclamaran y generaran una presión en momentos en que el país está complicado”.

López reiteró que el problema no surgió de las nuevas autoridades del Inisa o el Inau sino que que “vino de arriba”, ya que el artículo “es parte de una operación del Poder Ejecutivo para terminar con el desenlace que tuvo”. “No creo que haya sido producto de una decisión de la nueva presidente del Inisa o el directorio del Inau porque habíamos tenido un acuerdo con ellos”, concluyó.

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