ADES presenta “Veinte razones para oponerse a la LUC”

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) brindó una conferencia de prensa este lunes luego de analizar el proyecto de ley de urgente consideración que el gobierno envió al Parlamento el jueves pasado.

En dicha conferencia de prensa, plantearon tres lineas argumentativas para oponerse al proyecto. “El primero es de contenido. El proyecto trae como líneas principales de orientación general donde nosotros reconocemos un retroceso en cuanto a libertad de derechos individuales y colectivos y una afectación de los bienes públicos y de los recursos públicos básicamente orientado a las áreas de interés social”, dijo Alejandro Sosa, miembro de la comisión directiva del sindicato.

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“Además de plantearnos la oposición al contenido, señalamos que hay una cuestión de formas muy clara que tiene que ver con la modalidad de debate parlamentario elegido por el gobierno, que apunta al carácter de urgente consideración para un conjunto muy vasto de temas. Allí, tomamos en consideración la advertencia de algunos constitucionalistas que hablan de la eventual inconstitucionalidad del proyecto y fundamentalmente rechazamos el carácter poco democrático de poner una discusión tan vasta en solamente noventa días”, agregó Sosa.

Finalmente, en el tercer punto, Sosa explicó que tiene que ver con la oportunidad elegida de presentación del documento. “La oportunidad de presentación elegida en plena emergencia sanitaria implica que las posibilidades de movilización de los sindicatos y gremios de la educación se vean severamente limitados”, indicó el dirigente.

Por último, informaron que desde ADES resolvió crear una comisión que estudiara los elementos que lleven a que el sindicato se posicione en contra de la ley. Desde esa comisión se crearon varios documentos que se sintetizan en uno solo denominado “Veinte razones para oponerse a la LUC“.

Paula Dabbadie, una de las representantes de esta comisión, tomó la palabra y dio a conocer algunos de los aspectos en los que están en contra.

En primer lugar, dijo que la ley urgente “criminaliza” a la pobreza y a los jóvenes de nuestro país con “mayor represión, apostando al gatillo fácil, al fortalecimiento de las redes criminales, al hacinamiento en las cárceles, a la violación de los derechos humanos y al abuso de la autoridad” porque, según entienden, todo lo que dice la LUC “aplica hacia ese lado” y no a lo que se quiere decir “hacia una solución”.

“La LUC quita a la educación pública su histórica función de aumentar la cultura general. Nosotros decimos que la formación de la educación debe ser integral, apuntar a la reflexión, a generar personas críticas, comprometidas con la lucha por la igualdad social y la LUC incorpora el concepto de las competencias para la vida. Ese sería el objetivo principal para la educación pública formal. Eso obviamente implica habilidades y técnicas para realizar procedimientos concretos y eso es funcional al objetivo de que los jóvenes se inserten en un mercado laboral, en convivencia con los objetivos con lo que son los organismos internacionales de crédito. A su vez, dentro de esa definición, se incorpora lo que es la mera acreditación de los cursos a diferencia de la formación integral que nosotros promovemos”, aseguró Dabbadie.

En otro sentido, Dabaddie dijo que la ley aumenta el poder del gobierno en lo que es la política educativa a través de un mayor peso del Ministerio de Educación y Cultura. “Una de las competencias que se suma a las que ya tiene es la elaboración de una política educativa nacional que es aprobada por la Asamblea General. Si analizamos la composición también vemos que es muy contraria lo que este sindicato ha reivindicado. Hoy en día la ley general de educación no establece realmente la autonomía y el cogobierno real, pero este proyecto busca empeorar la situación”, indicó.

Finalmente, Dabaddie aseguró que el artículo 185,186 y 187 de la ley de urgencia establece una comisión coordinadora del Sistema Nacional de Educación que le “quita la caracterización de educación pública” a esta comisión (que ya existe) ya que le resta participación a la Universidad de la República y se le agrega la participación a la educación privada y a la formación militar y policial. “Eso tiene que tiene que ver con una faceta más del proceso de privatización que ya se viene generando en nuestra educación pública”, agregó. 

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