El País, primero siempre en ensuciar la cancha

El editorialista del diario El País piensa, desde su soberbia, que todo el resto de la sociedad es ignorante, entonces nos da cátedra sobre el “desarrollo normativo, cultural y hasta histórico de la civilización occidental”.

Claramente ignora buena parte de la historia de lucha de los trabajadores organizados, que tiene un mojón fundamental con la lucha en Chicago, que desarrollaron huelgas para lograr 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio. Esto costó la vida de varios de los obreros que encabezaron la huelga. Algún tiempo después, esa justicia sacrosanta de la que habla el editorialista sin nombre, se supo que instrumentó un juicio adulterado.

Seguramente sabrá el editorialista que esa huelga fue considerada ilegal e ilegales quienes la llevaron a cabo y lo pagaron con su vida o su libertad. Pero gracias a esos mártires de Chicago, el editorialista puede tener jornadas de 8 horas y si hace alguna hora de más para construir estas columnas de odio, le tienen que pagar horas extra.
En el Uruguay se convocó al primer 1º de mayo en 1890, y poco tiempo después, comenzó la lucha por la jornada limitada de labor, cuando las mismas oscilaban entre 14 y 16 horas según los diarios de la época, y se comenzó con huelgas en distintos sectores de actividad, como los gráficos, los tranviarios y varios sectores de actividad.

Obviamente que la huelga, como no sabrá el editorialista, era prohibida. Es decir, esos huelguistas ejercían el derecho a luchar sin ley de tipo alguno que los amparara.
La sensibilidad de José Batlle y Ordóñez, envió al Parlamento, que nosotros respetamos mucho en todo momento, incluso respondiendo con una huelga de 15 días con ocupación de los puestos de trabajo ante el avasallamiento de la dictadura, medida que se pagó con cárcel, tortura, muertes y desapariciones. Lo cierto es que el Parlamento votó el proyecto 11 años después que envió el proyecto de ley de 8 horas, pero mientras tanto un grupo importante de sindicatos lograron limitaciones a la jornada laboral a través de la huelga “ilegal”.

Desde ese 1911 hasta que se aprobó la Constitución de 1934, pasaron 23 años en donde la huelga no fue un derecho constitucional, y, como ustedes comprenderán, existieron una cantidad de huelgas con diversos avances para la vida de la gente. La Constitución entonces, recogió un derecho preexistente.

Bastaría un mínimo de honestidad intelectual para afirmar tamaña evidencia, solo desde intenciones maliciosas que pretenden distorsionar la historia se puede desconocer esta realidad incontrastable. Esas huelgas fueron capaces de construir, no solo en Uruguay, las condiciones para que la huelga fuera un derecho humano fundamental.

Es muy probable que el editorialista no haya leído el artículo 57 de la Constitución de la República que dice: “La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Declárese que la huelga es un derecho gremial.”
Pero volvamos a estos días y al proyecto de LUC, y en particular a la reglamentación de la huelga, para hacer algunas precisiones. El editorialista engaña a la gente intencionalmente. El artículo 387 no habla de las ocupaciones, habla de la huelga, para que no queden dudas transcribimos el artículo para que todos se tomen el trabajo de encontrar la palabra ocupación: “El Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente».

¿Dónde será que el editorialista sin nombre encontró la palabra ocupación? Otro engaño al lector.

A todas luces, solo le importa una parte de la Constitución, parece que no leyó que la ley promoverá la acción de sindicatos gremiales y dará franquicias.

Lo que plantea el editorialista va en sentido contrario a la Constitución, el plantea colocar obstáculos, impedir acciones, un poco absurdo este planteo.

El editorialista expresa en pasado: “El mundo era un lugar oscuro, hostil, desigual. Donde reinaba la ley del más fuerte, y al rico y al poderoso, nadie podía ponerle límites.”

Parece ser leyendo los informes de CEPAL, de OIT, de ONU, que esta circunstancia sigue vigente, y que los nuevos mil millonarios viven violentando la legalidad de los países, simplemente hay que leer denuncias en la Unión Europea a empresas vinculadas a las nuevas tecnologías, que han intervenido en decisiones nacionales de las potencias, mientras cientos de millones de personas tienen que vivir con un dólar por día, sin agua potable, sin servicios mínimos, explotados a la enésima potencia.

Entonces es evidente que, ante la mirada sesgada de el mundo occidental y cristiano, y el que yo sostengo, y, por lo que he leído, también el Papa Francisco y otros actores son diametralmente diferentes. Nosotros consideramos que hay que defender la distribución de la riqueza y darle a las organizaciones las libertades para generar las mejores condiciones posibles para la gente y el editorialista cree que es derecho constitucional exclusivamente la propiedad privada.

Tenía razón el Papa Francisco cuando decía en su misiva a las organizaciones sociales que íbamos a ser atacados por sectores claramente reaccionarios.

En la carta del Papa les manifiesta a las organizaciones populares: “ustedes no son unos improvisados, tienen la cultura, la metodología pero principalmente la sabiduría que se amasa con la levadura de sentir el dolor del otro como propio” y los invita a que “pensemos en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos, centrado en el protagonismo de los Pueblos en toda su diversidad y el acceso universal a esas tres T que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo”.

Esta frase del Papa seguramente será considerada ilegal por el editorialista.

La falta de humildad del editorialista le hace pensar que el resto de los uruguayos/as no entendemos nada. Confunde lucha con patota, una falta de sentido común absoluta.

Fernando Pereira

Presidente del PIT-CNT

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