Macri ordenó espionaje ilegal a más de 400 periodistas durante G20 y Conferencia de la OMC

Alberto Fernández anunciaba al asumir la presidencia de Argentina, que dispondría la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), una tarea a cargo de la cual puso a la ex fiscal Cristina Caamaño. Las sospechas de irregularidades en la AFI no son nuevas, pero se intensificaron cuando la muerte del fiscal Alberto Nisman, en enero de 2015, después de la cual, ya en el gobierno de Mauricio Macri, el órgano pasó a un segundo plano. Hoy se sabe que eso sucedió sólo en el debate público, porque tras bambalinas se seguía encargando de investigar y hasta de espiar a políticos, sindicalistas, empresarios, jueces, periodistas y artistas.

En la AFI se encontraron 28 fichas de personas vinculadas al mundo académico y otras 59 adicionales producidas con motivo de  la mentada Conferencia Ministerial de la OMC. Los datos surgen de los documentos que la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) halló en una de las cajas fuerte que hay en la sede del organismo, donde también había fichas de 403 periodistas que participaron de la cumbre del G-20 que se realizó en la Argentina en 2018. Se trata de información colectada de forma ilegal sobre distintas personas que fueron “observadas” en el marco de la acreditación para la participación de ambos encuentros.

Los documentos revelan que se hizo inteligencia prohibida sobre todos los acreditados a ese evento y se los identificó según sus ideas políticas y sindicales, su cercanía al gobierno de Macri o al kirchnerismo, su militancia feminista, sus creencias religiosas e incluso se registraron cuestiones de la vida personal. Figuran desde Marcelo Longobardi y Román Lejtman, a quienes señalan como cercanos al macrismo, a técnicos sobre los que se llama la atención por tener publicaciones en sus redes “Siempre con posturas contra el Gobierno” o “Abiertamente kirchnerista”. Los espías también resaltaron a las periodistas que tenían militancia feminista y aquellos con participación sindical.

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Estas tareas de inteligencia ilegales se hicieron desde de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en connivencia con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La documentación la encontró la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño, que realizó una denuncia judicial donde subrayó que “si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”.

El trabajo de espionaje de la AFI viola la Ley de Inteligencia Nacional, que establece que los organismos de inteligencia no van a “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

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