El proyecto fue elaborado por la Red de Padres Responsables y es impulsado por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi.
En 2019 los entonces diputados Rodrigo Goñi (Partido Nacional), Daniel Peña (Partido de la Gente) y Valentina Rapela (Partido Colorado) presentaron un proyecto de ley, cuyo texto fue elaborado por la Red de Padres Responsables, para regular la educación sexual en las instituciones educativas.
Este año el proyecto de ley fue desarchivado a pedido de Goñi, con la intención de impulsarlo, y remitido a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), por medio del Ministerio de Educación y Cultura, en busca de asesoramiento. La Dirección de Derechos Humanos y los consejos desconcentrados de la ANEP se encuentran estudiando el tema.
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El proyecto esgrime que la educación sexual “atañe a la intimidad personal y a las convicciones morales y/o religiosas” y establece que todo padre tiene “derecho a ser informado previamente sobre el tipo de educación sexual que se ofrecerá a sus hijos”. Para eso, las instituciones públicas deberían informar a comienzo del año la propuesta de educación sexual en detalle: “Los objetivos, valores y contenidos a transmitir, actividades a realizarse, materiales didácticos y bibliográficos que se emplearán, e identificará el o los docentes encargados, aclarando qué formación específica ha recibido sobre sexualidad”.
El texto señala que debe recabarse el consentimiento de los padres y que estos pueden oponerse, por lo que, argumentando con base en el principio de laicidad, se deberá ofrecer a las familias “al menos, las dos visiones de la educación sexual que sean acordes con las convicciones morales y religiosas más representativas entre los padres. Ello implicará que se les propongan distintos programas, detallando los contenidos, objetivos, valores a transmitir, actividades, materiales didácticos y bibliográficos, y docentes referentes con una formación acorde, para que los padres o tutores puedan elegir los que sean conformes con sus convicciones”.
El proyecto detalla los procedimientos y establece que “si la mayoría relativa de los padres de una clase están de acuerdo en que se ofrezca otro programa diferente de educación sexual y en valores, la Dirección deberá coordinar para que pueda ofrecerse tal propuesta”, y las objeciones que presente la dirección de la institución deberán estar limitadas a “si implican violación de un derecho fundamental de terceros o si afecta al orden público”. Además, establece que si los docentes del centro educativo no comparten la propuesta de los padres, “la educación estará a cargo de la persona que ellos propongan, con la remuneración que corresponda al docente”.