El alcalde nacionalista de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, y otras ocho personas fueron condenadas por delitos contra la administración pública. 7 de ellas fueron condenadas a penas mixtas de prisión y libertad vigilada y 2 a penas de libertad vigilada.
Sánchez fue condenado a dos años de prisión efectiva y un año de libertad vigilada por delitos de fraude y asociación para delinquir. Además del alcalde, fueron condenados su hijo, edil departamental, su hija y su nuera, ambas concejales del municipio.
En la solicitud de formalización de la investigación, realizada por la fiscal del caso Sandra Fleitas, surge que el 8 de diciembre de 2018 en la seccional 17ma de Florencio Sánchez, una persona hizo una denuncia expresando que Alfredo Sánchez “estaría entregando motos incautadas por parte de personal de Tránsito municipal a personas que no efectúan el pago de las contravenciones aplicadas a dichos vehículos”.
Tras una investigación, se da con un caso y se constata que el vehiculo que debia ser incautado se encontraba circulando y el dueño reconoce en un segundo interrogatorio que le fue entregada irregularmente por el alcalde a cambio de «conseguirle votos».
Entrega de pasajes de transporte, combustible y materiales de construcción entre otros bienes
La solicitud de formalización afirma que “con el fin de obtener votos para ser reelecto Sánchez como alcalde, entregaba pasajes de transporte de ómnibus a nombres de funcionarios de dicha alcaldía, combustible, materiales de construcción, entre otros, a particulares”.
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Además, un testigo manifestó que acordó con Sánchez que abriría una empresa monotributista del MIDES, para que de esa manera fuera contratado por la alcaldía de Florencio Sánchez, para hacer obras viales, y luego el talonario de la empresa quedó a disposición de Sanchez en la alcaldía desconociendo el destino.
De un diálogo de Sánchez y otro de los condenados surge que era de conocimiento de ambos “el uso por parte de estos de poderes apócrifos sin la autorización y el contralor correspondiente de la Corte Electoral”. “Dichos poderes figuraban como otorgados por el candidato a la intendencia Carlos Moreira, a través de la Corte Electoral a distintos colaboradores políticos para poder ingresar en representación de su lema y cumplir funciones de contralor en las distintas mesas electorales donde se sufragaba para la elección del candidato a intendente en el Departamento de Colonia”.
En familia
De la investigación se desprende que una funcionaria pública de la alcaldía de Florencio Sánchez “permitía distintas boletas por conceptos de pagos que hacía la alcaldía a distintos particulares donde la misma inventaba el motivo del pago que efectuaba la comuna, el cual no se correspondía al destino que finalmente le daba el particular”.
Además, surgen conversaciones telefónicas en donde el alcalde habla con su hijo, que es edil departamental, y le explica qué es lo que debe de hacer para poder cobrar más dinero de los gastos que efectivamente su hijo tenía como funcionario público. También en acuerdo con Sánchez llevaban materiales de construcción comprados por la comuna, los que eran trasladados por funcionarios públicos en vehículos de dicho centro comunal, a inmuebles propiedad del hijo del alcalde, los cuales eran usados en obras propias, por lo que dichos materiales eran utilizados en su beneficio personal, haciendo hincapié en que el mejor horario era bien temprano a las siete de la mañana porque había poca gente.
Debido a que los investigadores tomaron conocimiento de dicha maniobra, concurrieron al predio donde constataron que un particular con maquinaria contratada por la Intendencia de Colonia vertía parte del balastro que había sido pago por la alcaldía en un camino interno de uno de los inmuebles del hijo del alcalde.
La esposa de Sánchez es quien figura como titular de los abonados que eran utilizados por los distintos partícipes de la organización (de su esposo, su hijo y su hija) a través de los cuales acordaban las maniobras a realizar para poder obtener dinero o bienes muebles del Estado a fin de destinarlo a su provecho personal. “Surge claramente que la indagada conocía que su esposo sacaba balastro de la alcaldía y lo dejaba en la casa de su hijo, aconsejándole en una oportunidad a su esposo que el resto lo usara para obras de la localidad con el fin de no levantar sospechas”, señala Fiscalía.