Los violadores denunciados serán formalizados tras prueba de ADN

Una mujer de 30 años denunció que fue violada por un grupo en el barrio Cordón de Montevideo. Según su testimonio, eataba en un boliche ubicado en José Enrique Rodó y Juan Jackson, en el lugar conoció a un hombre con el que luego se dirigió a un apartamento en Jackson y Guaná, donde en determinado momento, ingresaron otros hombres a la habitación y la violaron.

El Ministerio del Interior tomó conocimiento del hecho porque sobre las 6.00 del domingo el servicio telefónico 08004141 recibió una llamada que denunciaba un abuso contra la mujer. Enviaron móviles al lugar y los policías encontraron a la mujer en estado de shock, tras lo que la trasladaron a un centro de salud.

Los médicos determinaron que la mujer fue violada. La Policía se trasladó al lugar donde ocurrió el ataque y, con autorización del propietario, ingresaron al apartamento, donde detuvieron a un adolescente y dos hombres que alquilan una habitación en el lugar. Trabajan en el caso el área de Investigaciones de Zona I y la Policía Científica.

La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 4º turno, a cargo de la fiscal Sylvia Lovesio, asumió la investigación del caso en lo que respecta a los dos adultos. La Fiscalía de Adolescentes a cargo de Ricardo Chiecchi lleva adelante la investigación del involucramiento del adolescente en el caso.

Los detenidos se negaron a hacerse la prueba de ADN. Para hacerla se debe recurrir a una autorización judicial, un proceso que supera las 48 horas que la Fiscalía tiene como plazo para imputar a una persona luego de su detención. Por ese motivo los hombres fueron emplazados y serán formalizados en los próximos días, con las pruebas científicas a la vista.

La fiscal aseguró que una vez que tenga el resultado del ADN, lo que sucederá próximamente, se hará la formalización correspondiente.

La Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía trabaja en el caso, apoyando a la mujer. Desde Fiscalía afirman que “no se trata de una cuestión de impunidad sino de hacer los procedimientos de manera adecuada para que la defensa no recurra a un pedido de nulidad”.

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