En una semana, Raúl Iglesias archivó unas 220 causas de delitos sexuales. Juan Gómez, fiscal de Corte, pidió un informe al Departamento de Políticas Públicas, que luego se trasladó a Jurídica. Con los resultados, Gómez ordenó el inicio de un sumario con separación del cargo y retención de 50% de los haberes.

Iglesias también fue enviado al Tribunal de Conducta Gremial por sus declaraciones publicas. La decisión fue votada por unanimidad por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay.

El fiscal había amenazado a periodistas, a quienes “invitó a pelear”