El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revocó nuevamente una resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) para investigar el contrato entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie por la concesión de la terminal de contenedores del puerto. La primera revocación de la cartera había sido adoptada en enero, luego de que el organismo -que está bajo su órbita pero tiene independencia técnica- aceptara avanzar en una investigación sobre el asunto, a partir de una denuncia de Montecon.

Sin embargo, tras el freno del MEF la comisión resolvió seguir adelante con la decisión de iniciar una investigación bajo el argumento de que la normativa sobre defensa de la competencia “favorece la recepción de denuncias”; que es el órgano competente para “procesar” lo denunciado por Montecon; que “el hecho de que la actividad portuaria esté regulada” por la Administración Nacional de Puertos (ANP) no es un impedimento para iniciar la investigación; que “las prácticas denunciadas se enmarcan en la normativa de defensa de la competencia”, y que “la denuncia cumple con todos los requisitos formales”.

En la nueva resolución, fechada el 2 de setiembre y firmada por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el MEF revocó nuevamente la decisión de la comisión de avanzar en la indagatoria por entender que no es su competencia valorar el asunto, ya que la actividad en cuestión está regulada por la Ley de Puertos de 1992

El Senador Bergara, uno de los denunciantes del arreglo entre Lacalle y Katoen Natie reaccionó a la noticia en un hilo de Twitter.

«Nuevamente el MEF bloquea la investigación de la Comisión de Competencia por el contrato en el puerto con Katoen Natie. Lamentable decisión que se suma a la tónica de opacidad de todo este proceso de entrega ilegal de un monopolio en el puerto de Montevideo.

El argumento que la Comisión no define la política portuaria no es de recibo. Sobre los temas de sus atribuciones, la Comisión puede investigar y analizar la situación en todos los mercados, con excepción de las exclusividades otorgadas por ley. No es este el caso del puerto.

Incluso sin denuncias, la Comisión puede actuar de oficio cuando observa decisiones que restringen o destruyen la competencia en un mercado, así como efectuar recomendaciones a las autoridades para evitar esas situaciones. Sin dudas es el caso del puerto de Montevideo.

El gobierno entregó un monopolio de forma inconstitucional, ilegal, perjudicial para el país y violando todos los procedimientos de buena gestión pública. Por eso hicimos denuncias en la justicia. Y quizás por eso es que se procura evitar que organismos más imparciales actúen.

Esta decisión del MEF no hace más que aumentar las dudas que este proceso ha despertado en toda la sociedad. Además cabe notar que está firmada por la Ministra Arbeleche, que también firmó la resolución del Consejo de Ministros que define el acuerdo con Katoen Natie.

Esa es la resolución que está siendo desafiada, por lo que el conflicto de interés parece claro. La Ministra bloquea una investigación sobre una resolución que ella misma firmó en febrero de 2021. No es la primera vez que desde el MEF se procura interferir en este tema.

La insistencia en la interferencia política de un órgano desconcentrado nos hace pensar que ha llegado la hora de quitar la Comisión de Competencia de la órbita del MEF y transformarlo en un servicio descentralizado. Su actuación debe estar protegida del involucramiento político.»