Una resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Libre Competencia, órgano que está dentro del Ministerio de Economía (pero tiene independencia técnica) ante una consulta por venta de acciones de Terminales Graneleras Uruguayas (TGU), podría beneficiar el avance de la denuncia de la empresa portuaria Montecon contra el Estado uruguayo y la empresa belga Katoen Natie, por entender que al priorizar a la compañía, se incurrió en prácticas anticompetitivas.

En la resolución, la Comisión respondió que el mercado de servicios portuarios está sujeto del todo al régimen de libre competencia, según informó Montecon en una nota de prensa.

En setiembre, el MEF revocó la investigación por entender que no era menester de la comisión recepcionar la denuncia, ya que la actividad portuaria está regulada por la Ley de Puertos de 1992, que detalla: “quien determina la política portuaria es el Poder Ejecutivo”, puesto que “la actividad portuaria es una actividad de interés general que está relacionada al desarrollo del país”.

Sin embargo, con esta resolución respecto a una consulta por algo relacionado al puerto, a entender de Montecon se contradice lo dicho por el MEF, tal como lo consignó la empresa en una nota de prensa. “La confirmación de la posición de la Comisión de Libre Competencia contra lo resuelto por el Ministerio de Economía y Finanzas genera una profunda contradicción en el propio Estado y muestra una inconsistencia institucional gravísima”, señaló el director de la empresa, Fernando Reveco.

Esta contradicción, a entender de Reveco, “compromete la responsabilidad del Estado” y genera “inseguridad jurídica” de cara a “los procesos de integración internacional en los que Uruguay está inmerso o pretende comenzar”, como por ejemplo, el tratado de libre comercio con China.