“Aumento de la edad jubilatoria”. Alcanza solo una frase para entender el rumbo que la coalición de derecha en el gobierno, insaciable en su tarea de desarmar el Uruguay de derechos, prepara en su embestida contra el ya vapuleado sistema previsional uruguayo.

Diversas fuentes del ámbito profesional informan sobre reuniones impulsadas desde el directorio de la caja profesional con el objetivo de conseguir el apoyo de los directivos de las asociaciones profesionales al anteproyecto que incluye, además del aumento de la edad jubilatoria, la modificación de la permanencia en categorías y los reintegros.

Cabe recordar, en el marco de este intento de avance del gobierno sobre los derechos previsionales, que la caja profesional consiste en la recaudación compulsiva de los recursos previsionales de un sector importante de la población por parte de una institución privada, exonerada de impuestos y cuyos directivos perciben abultados sueldos.

Según la última actualización el máximo sueldo de la nómina de la caja asciende a $ 715.900 (Gerente General), seis gerentes ganan entre $ 271.000 y $ 297.000 y dieciocho técnicos promedian los $ 167.800.
Considera como razonable referencia que el salario global
promedio de un Gerente General en Uruguay está en el eje de los $ 472.000.

Este es el plantel que prepara el anteproyecto que busca legitimar la suba de la edad jubilatoria entre la población profesional.

Resulta interesante resaltar que la Caja Profesional, creada por una ley del año 1954 fue modificada en el año 2004 por la ley 17.738 que lleva algunas firmas harto conocidas: BATLLE – ISAAC ALFIE – YAMANDU FAU – DANIEL BERVEJILLO – JOSE VILLAR – MARIO ARIZTI – MARTIN AGUIRREZABALA – JUAN BORDABERRY – OSCAR BRUM y es responsable del actual sistema que determina que el estado ponga sus institutos de contralor al servicio de un fondo de administración privada con fines de lucro, obtenido a través de gravámenes y jugosas comisiones y que cuenta, por otra parte, con una clientela cautiva impedida de elegir un sistema de reparto solidario como el del BPS.

El problema de la privatización de la previsión social de los profesionales es que lejos de afectar únicamente al colectivo entre el cual recauda, afecta al conjunto de los habitantes del país, que terminan pagando mayores costos por los distintos servicios profesionales -entre los que se incluye servicios médicos- por la aplicación de gravámenes que van directo –sin beneficio para el estado- a manos privadas.